Si la LOMCE fuera un examen en vez de una ley, la mayoría de los profesores
le habrían puesto un suspenso. El 87,6% considera que no mejora la educación en
España y nueve de cada 10 señalan que se elaboró sin contar con ellos. El
Gobierno aprobó a finales de julio el decreto que oficializa una de las medidas
más polémicas de esta normativa: las reválidas para alumnos de 4º de secundaria
(15 y 16 años) y 2º de Bachillerato (17 y 18). Cuatro de cada cinco docentes
españoles rechazan estas evaluaciones externas, según una macroencuesta a 6.054
docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), recién publicada.
El Estudio de opinión
sobre la LOMCE, Base de datos incluye 20
preguntas relacionadas con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) que contestaron principalmente profesores y equipos
directivos de centros públicos y, en menor medida, de concertados, en las
etapas que van de educación infantil a Bachillerato. Además de considerar que
no se ha contado con ellos, la mayoría (83,8%) cree que esta normativa no
favorece su profesionalización como colectivo y casi nueve de cada 10 (89,6%),
que no se ha implementado de la forma adecuada. Tampoco aprueban los cambios en
los currículos (con 76,7% en contra) y alertan de que no mejora la inclusión
educativa que permite que todos los alumnos accedan a una enseñanza de calidad.
“En términos generales,
tienen una opinión bastante desfavorable con respecto a esta ley. Ni siquiera
consideraban que fuera necesaria, otros países de la UE no suelen cambiar las
leyes con tanta frecuencia como España”, explica Héctor Monarca, profesor docente investigador de la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación de la UAM y autor de este informe junto con Noelia Fernández- González y César Piedrahita.
“Queríamos saber qué opinan los profesores, que normalmente no son
consultados”, añade.
Sin necesidad de cambios
El cuestionario fue enviado a los correos electrónicos oficiales
de “todos los centros públicos” y a los mails institucionales
“disponibles” de los centros concertados españoles, explica el investigador.
Respondieron 6.054. En España hay 673.564 docentes de las etapas citadas, según
datos oficiales del Ministerio de Educación. La recogida de datos se hizo entre
diciembre de 2015 y abril de 2016.
El 79,6% considera que España no necesitaba un nuevo cambio
normativo. Es la opinión mayoritaria sobre todo entre los profesores más
jóvenes (de 20 a 30 años). La LOMCE es una de las tres grandes reformas
educativas en democracia -tras la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica de Educación (LOE)- y la séptima
aprobada. Salió adelante en 2013 solo con los votos favorables del PP. Con la
legislatura ya terminada, el pasado abril, se aprobó en el Congreso la
tramitación de una proposición impulsada por el PSOE para paralizar su
aplicación, con el único vota en contra del PP, la abstención de Ciudadanos y
el apoyo del resto de grupos.
Uno de sus aspectos más controvertidos son las evaluaciones
externas. Las de primaria, ya en vigor, no hay que aprobarlas para seguir
estudiando. En secundaria y bachillerato, sí. A partir de 2018 –el próximo
curso solo se harán como prueba piloto- será necesario sacar al menos un 5 de
nota para obtener un título y pasar de ciclo. También la mayoría de los
partidos y hasta 13 comunidades autónomas –incluida Castilla y León, en la que
gobierna el PP- han mostrado su desacuerdo con estas evaluaciones.
Contra los 'ránkings'
En el caso de los docentes, el rechazo es mayor en los centros
públicos que en los concertados (81,8 frente a 73,9%) y más entre los docentes
que entre los equipos directivos (con 82,2% frente al 76%). El resultado
contrasta con un estudio anterior de Héctor Monarca y Soledad Rappoport, de
2015, Opinión del profesorado
sobre evaluaciones externas. Base de datos en el que la mayoría de los docentes encuestados consideraban
que las evaluaciones externas son necesarias y que suponen una herramienta para
la mejora educativa. “La diferencia en este caso es por cómo se están
gestionando”, añade el autor. Monarca explica que el rechazo proviene
principalmente de que, en España, los alumnos tienen que aprobar estas pruebas
para poder seguir estudiando y que existe el riesgo de que se publique la
clasificación de los centros en función de sus resultados.
La LOMCE eliminó un apartado de la LOE que señalaba que “en
ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el
establecimiento de clasificaciones en los centros”. El exministro José Ignacio
Wert, impulsor de la ley que ha acabado llevando su nombre, era favorable a
estas clasificaciones. El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de
Vigo, se ha mostrado contrario e introdujo una
modificación en la normativa de los
territorios que gestiona directamente el Estado (Ceuta y Melilla) para
evitarlos en primaria. Pero el último decreto sobre reválidas de secundaria y
bachillerato no incluye ninguna salvedad al respecto “porque la competencia es
de las comunidades autónomas”, señala un portavoz oficial. “El Ministerio ya lo
hizo para su ámbito en la evaluación de Primaria. Y haremos lo propio en las
Evaluaciones Finales de la ESO y Bachillerato”. Es decir, queda en manos de las
comunidades autónomas hacer o no clasificaciones.
Para el debate
La postura de los profesores que recoge la encuesta de la UAM
está en línea con la de distintas comunidades autónomas, partidos políticos y
sindicatos docentes, contrarios en su mayoría a las reválidas. El PSOE registró
este lunes una proposición no de ley para derogar el decreto que regula estas
evaluaciones. “Es una apuesta clara por reducir el número de alumnos que van a
la Universidad”, considera Paco García, responsable de enseñanza en CC OO.
Los autores de este último trabajo quieren que sirva para el
debate: “Los políticos con responsabilidad de gestión deberían tener en cuenta
el punto de vista de los docentes. En otras profesiones no pasa, pero los
profesores funcionan en ocasiones como meros técnicos de lo que se le ocurre al
político de turno. No se dan cuenta de que hay cuestiones de la ley que van a
quedar bloqueadas si no cuentan con ellos”, concluye Monarca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario